lunes, 29 de marzo de 2010

La importancia del Salitre para el país

Carguío de cachuchos con salitre Tras vencer a Bolivia y a Perú en la Guerra del Pacífico, que concluye en 1883 bajo la administración de Domingo Santa María, Chile anexa un territorio de alrededor de 180.000 kilómetros cuadrados en el que se explota el salitre. Este material se transforma rápidamente, y hasta fines de la década de los ’20, en la principal fuente de riqueza de la economía chilena. Se constituyen un conjunto de oficinas para la explotación del mineral, a partir de la llegada de nuevos capitales nacionales y extranjeros, principalmente ingleses, franceses y alemanes, y más adelante estadounidenses. A partir de los recursos recaudados por el derecho a venta del salitre, el Estado chileno desarrolla fuertes inversiones en infraestructura portuaria, caminera, ferroviaria, educacional y obras públicas en general (hospitales, redes de alcantarillado y alumbrado y edificios públicos). La explotación del caliche dinamiza además otros sectores de la economía como la agricultura y la industria, particularmente en este último caso, las áreas de los alimentos, los insumos básicos, el vidrio y el carbón, la metalmecánica y las fundiciones.

Pese a lo anterior, las condiciones laborales y de vida de los sectores populares, aunque diferentes entre un grupo y otro, no alcanzan niveles satisfactorios. La expansión de las ciudades genera movimientos migratorios de gran envergadura, lo cual agrava los problemas de hacinamiento, insalubridad, enfermedades, mortandad, alcoholismo y prostitución.




Paralelamente surgen organizaciones populares de distinto tipo (mutuales, cooperativas, mancomunales, federaciones) dispuestas a denunciar las condiciones de vida de dichos sectores y a luchar por sus derechos básicos. Destaca aquí el liderazgo ejercido por Luis Emilio Recabarren.

La clase dirigente preocupada por la creciente movilización social obrera, que percibe como amenaza, tanto a la estabilidad política del país como a sus privilegios, reflexiona sobre el conjunto de problemas adscritos a la modernidad urbana estableciendo diagnósticos sobre el estado de las cosas y proponiendo algunas soluciones. Este conjunto de cuestionamientos es lo que se conoce como “la cuestión social”.
Grupo de desrripiadores antes de entrar al cachucho



Detalle de un campamento

El concepto es tomado del primer ensayo, destinado a explicar las consecuencias de la migración peonal desde el campo hacia los centros urbanos, publicado por el médico, escritor y político liberal Augusto Orrego Luco, en 1884, bajo el título de “La Cuestión Social ”. Numerosos intelectuales, políticos y miembros de la Iglesia Católica (Arturo Alessandri Palma, Valentín Letelier, Juan Enrique Concha, Mariano Casanova) contribuyen con diversos escritos, los cuales van adquiriendo grados de complejidad e ideologización crecientes. Se contrastan allí visiones positivas y negativas del mundo obrero y se discute sobre un rol definitivamente activo del estado chileno.




La nueva sensiblidad, respecto de los sectores más desposeídos de la nación y sus reivindicaciones, se materializará en la promulgación (no exenta de dificultades) entre 1896 y 1924 de algunas leyes sociales, relacionadas con salud pública y derechos laborales. Destacan la Ley de Habitaciones Obreras, la “Ley de la Silla”, y el conjunto de leyes aprobadas bajo presión militar y que se refería a temas como el contrato laboral, el seguro obrero, los accidentes del trabajo, la organización sindical, y la existencia de instancias mediadoras para la resolución pacífica de los conflictos laborales.

Problemas Politicos a comienzos del siglo xx

Durante 1891 y hasta 1925 se manifestó un claro predominio del Legislativo sobre el Ejecutivo. La práctica parlamentarista de hacer caer los gabinetes ministeriales mediante la censura determinó que en el transcurso de ese período pasaran por los sucesivos gobiernos: 530 ministros de Estado, a través de 121 cambios, tomando en cuenta las crisis totales y parciales.

Los presidentes de la segunda etapa de la "República Parlamentaria" (que nunca fue completa y efectiva) fueron: el Vicealmirante Jorge Montt Álvarez (1891-1896); Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901); Germán Riesco Errázuriz (1901-1906); Pedro Montt Montt (1906-1910); Ramón Barros Luco (1910-1915); Juan Luis Sanfuentes Andonáegui (1915-1920), y Arturo Alessandri Palma (1920-1924). Todos, salvo Jorge Montt Montt, ejercieron anteriormente como parlamentarios.

La década del desencanto
A principios de siglo (el siglo XX), el ambiente que se vivía era una mezcla de pesimismo por los valores que se dejaban atrás y falta de confianza en las clases aristócratas y políticas, que no sabían comprender ni reaccionar ante las carencias económicas de la gran masa.

Siempre una nueva época hace pensar a los hombres en la realización de todos aquellos ideales o cosas que antes sólo habían sido meras posibilidades. Sin embargo, en nuestro país el espíritu de algunos de los contemporáneos no era del todo optimista frente al presente y a las oportunidades de un futuro cercano.

Enrique Mac-Iver Rodríguez, en su ya clásico discurso sobre la crisis moral de la república, lo había expresado en 1900 y lo reiteraba Alberto Edwards en 1901: "... sólo vivimos del recuerdo de un pasado glorioso sin aliento de continuar la obra de nuestros padres, perdidas las ilusiones y la fe, heridos en el alma por la implacable lógica de los acontecimientos".

Este desencanto, producto sin duda de la incapacidad de los políticos por encarar y dar respuesta satisfactoria a los graves problemas económicos y a la "cuestión social", que ya se vislumbraba como uno de los más serios, deja ver claramente que Chile vivía por esos días el agotamiento de un estilo de vida que no se adaptaba a una realidad que cambiaba radicalmente.

Las Primeras Leyes laborales

En la segunda década del siglo XX los movimientos sociales, el debate sobre la cuestión social y las violentas represiones de las huelgas llevaron a la emergente clase media y los sectores proletarios mineros e industriales a manifestar con fuerza la necesidad de contar con una legislación que resguardara sus derechos y obligaciones laborales. Es así como, al comenzar la década del 20, el Congreso promulgó cinco leyes fundamentales para regular el mundo laboral: sobre contrato de trabajo; sobre seguros de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo; sobre accidentes del trabajo; sobre los empleados particulares y sobre la organización del sindicato industrial.



Documentos:


El cambio de gobierno
Artículo pdf, 15648KB


Ley no. 4.053 sobre contrato del trabajo
Libro pdf, 3547KB


Ley no. 4.055 : accidentes del trabajo
Libro pdf, 2280KB


Ley no. 4.059 : los empleados particulares
Libro pdf, 1003KB


Ley 4054 : seguros de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo
Libro pdf, 1342KB


Ley no. 4057 : la organización del sindicato industrial
Libro pdf, 13853KB


Personal de la subestación Mapocho, 1923
Lámina jpg, 139KB

El Gobierno de Alessandri

Arturo Alessandri Palma (1868-1950)

El León de Tarapacá


Arturo Alessandri Palma es considerado el político más importante de la primera mitad del siglo XX, donde tuvo un papel protagónico como Presidente de la República entre 1920-1925 y 1932 -1938.

Descendiente de italianos, nació en 1868 en la hacienda de Longaví, provincia de Linares. En 1880 ingresó al Colegio de los Padres Franceses en Santiago. Una vez egresado inició sus estudios de leyes en la Universidad de Chile, donde realizó su memoria sobre “Las Habitaciones Obreras”, donde denunciaba las condiciones en que vivían los sectores populares.

Una vez graduado de abogado, en 1893, contrajo matrimonio con Rosa Esther Rodríguez, con quien tuvo nueve hijos. Al mismo tiempo, inició su carrera política como miembro del Partido Liberal, resultando electo diputado en 1897, cargo en el que fue reelegido sucesivamente por casi veinte años. En 1915, resultó electo senador por la provincia de Tarapacá, donde hizo gala de un discurso populista que cautivó a las masas, quienes lo bautizaron como el “León de Tarapacá”.

Cinco años más tarde obtenía la presidencia de la República en la elección presidencial de 1920, representando los deseos de un cambio de vastos sectores de la sociedad chilena. Sin embargo, durante el primer gobierno de Alessandri la economía se reactivo parcialmente y los proyectos de legislación social y laboral no avanzaron en el Congreso Nacional. El descontento hizo crisis el 4 de septiembre de 1924, cuando un movimiento militar tomó las riendas del poder y el Congreso aprobó sin mayor debate las leyes sociales que estaban pendientes. Una semana más tarde la Junta Militar clausuró el Congreso mientras Alessandri hizo entrega del mando al Vicepresidente y partió de viaje a Europa. En enero de 1925 un nuevo movimiento militar reemplazó a la junta anterior y promovió el regreso del Presidente Alessandri.

En marzo de 1925 reasumió el poder, realizando importantes reformas. En materia política, una nueva carta fundamental, la Constitución de 1925, que fortaleció el poder presidencial y terminó con el régimen parlamentario. En lo económico, se creó el Banco Central y se estableció el régimen de patrón oro; asimismo, se promulgó una nueva legislación tributaria con el fin de compensar los menores ingresos fiscales del salitre. A pesar del éxito obtenido, las divisiones y desconfianzas entre Alessandri y los militares se fueron agudizando, hasta culminar con la renuncia del Presidente frente a las presiones del coronel Carlos Ibáñez del Campo, caudillo de los militares que asumió la Presidencia entre 1927 y 1931, período en cual Alessandri se exilió nuevamente en Europa.

Arturo Alessandri Palma volvió a la presidencia en 1932, al triunfar en la elección presidencial de octubre del aquel año, con el apoyo de liberales, radicales y demócratas. La acción del segundo gobierno de Alessandri permitió estabilizar el sistema político y terminar un período de caudillismo y anarquía social. Sin embargo, esta normalización de la vida política y social no habría sido posible si no se hubiese logrado una reactivación de la economía, gracias a la acción del Ministro de Hacienda Gustavo Ross Santa María. A pesar de lo anterior, su gobierno dejó un mal recuerdo debido a la fuerte represión ejercida en Ranquíl y en la denominada matanza del Seguro Obrero.

En 1944 el ex presidente volvería al Senado al ser electo senador por Talca, Maule, Curicó y Linares. Cinco años después, en 1950, falleció en Santiago ocupando la Presidencia del Senado y recibiendo múltiples honores en sus funerales. Sus hijos heredarían su capital político, ocupando diversos cargo públicos, entre ellos su hijo Jorge como Presidente de la Republica entre 1959 y 1964.

Origen y motivos De las Primeras Huelgas

La propaganda realizada por sus diversas publicaciones, en don­de denuncian los abusos del capitalismo y las míseras condiciones de vida de las multitudes laboriosas; la constitución de sus pri­meras organizaciones de lucha, y la presentación de coyunturas especiales, de carácter económico, provocan las primeras huel­gas violentas y las anexas represiones de las autoridades, de nuestra historia social.

Desde fines del siglo XIX, en 1898, se desatan grandes huel­gas. Se inician en Iquique, llegan a Santiago y afectan a diversos puertos. De estas huelgas, alcanzan caracteres extraordinarios la de diciembre de 1901 y enero de 1902, en Iquique, dirigida por la Combinación Mancomunal de Obreros de Iquique. Durante 60 días se mantuvieron firmes los distintos gremios del puerto, a pesar de la prisión de Abdón Díaz, presidente de la Manco­munal, y de diversas medidas ensayadas para romperla. Más tar­de se suceden huelgas continuas en Antofagasta, Lota (mayo 1902), Valparaíso (agosto 1902), Santiago (en abril de 1902, en la Empresa de Tracción Eléctrica, con mítines, desfiles, sablazos y heridos), Tocopilla (en diciembre y enero de 1903, los lan­cheros permanecen paralizados más de 30 días). El 28 de enero de 1903 estalló una huelga general en la región carbonífera, di­rigida por la Federación de Trabajadores de Lota y Coronel, que duró 43 días. Fuerzas militares y marinería del "Zenteno" pro­vocaron diversos muertos y heridos.

El 15 de abril de 1903 se inició en Valparaíso un movi­miento que alcanzó contornos dramáticos. Se declararon en huel­ga 600 estibadores de la P.S.N.C. al serles rechazadas sus peti­ciones cíe mejoramiento económico. Se sumaron a ellos los es­tibadores de la C.S.A.V., los vaporinos, tripulantes, lancheros, has­ta paralizarse totalmente el Puerto. Se agregan los jornaleros de aduana. Los patrones y las compañías traen, entonces, gente de afuera, originándose incidentes graves. En Santiago se realizan actos de solidaridad, el 11 de mayo, y en ellos se destaca como orador el dirigente anarquista Magno Espinoza. El 12 de mayo, en el Puerto, los huelguistas llegan a los muelles a impedir el trabajo de los rompehuelgas, produciéndose violentos choques, con muertos y heridos. Desembarca la marinería, pero se niega a disparar. Los obreros incendian el edificio de la Compañía Sud­americana de Vapores; luego, tratan de quemar "El Mercurio", cuyo personal mata a siete manifestantes. (Desde entonces lo denominaban "Matasiete".) Incendian el malecón y diversos edi­ficios; asaltan agencias de préstamos y despachos. Hubo más de 50 muertos y 200 heridos, y centenares de detenidos. El Go­bierno envió seis regimientos para mantener el orden público. Sólo el 16 de mayo volvió la normalidad a Valparaíso. La so­lución del conflicto quedó entregada a una Comisión Arbitral, y ésta dio su fallo el 4 de agosto, haciendo plena justicia a las aspiraciones de los huelguistas.

El 12 de mayo tuvo grandes repercusiones y pasó a ser una fecha símbolo para los obreros y, con razón, se ha afirmado que es la manifestación revolucionaria inicial de la cíase trabajadora chilena, indicando el comienzo de una lucha de clases activa.

Se desencadenan nuevas huelgas en Antofagasta, Valparaíso (julio-agosto 1903), Santiago, Coronel, Taltal, Chañaral. En enero-febrero de 1904, durante 30 días, estuvieron en huelga los mi­neros del carbón en Lota; en setiembre del mismo año se para­lizaron las oficinas salitreras del interior de Tocopilla. Para so­focarla, intervinieron tropas y barcos de guerra, quedando varios muertos. En esta "operación" se distinguió el Comandante de la I División, general Roberto Silva Renard.

El 22 de octubre de 1905 las clases laboriosas de Santiago realizan un gran mitin en la Alameda, convocado por el "co­mité pro-abolición del impuesto al ganado argentino" (del cual era miembro Luis E. Recabarren), y al que asisten cerca de 30.000 personas. En ese instante estaba renunciado el Gabinete, y el Ejército se encontraba en maniobras en Quechereguas. Una delegación se trasladó a la Moneda llevando las conclusiones del Comicio. El pueblo quiso entrar a la Moneda, y se produjo un choque con la policía. Toda la tarde del domingo hubo inciden­tes entre los manifestantes y la policía. Se formó una guardia blanca, que unida a los bomberos armados comete tropelías y exaspera a las masas; ocurren desmanes y quedan numerosos he­ridos. El lunes se declara una huelga general. El pueblo asalta agencias, despachos y castiga a numerosos especuladores. La po­licía dispara, haciendo numerosas bajas: alrededor de 70 muer­tos y 300 heridos, y 530 detenidos. ("El Ferrocarril".) La policía tuvo que retirarse de la Capital a reunirse con el Ejército; el pueblo tomó posesión de las comisarías. El martes llegó el Ejér­cito a Santiago, siendo convertido en campo de batalla. No se supo el número exacto de muertos y heridos[1].

La semana roja fue la protesta multitudinaria por el enca­recimiento de la vida (sobre todo, del alza del precio de la car­ne), los bajos salarios, la incapacidad e incomprensión del Go­bierno y de los partidos políticos para solucionar los problemas que agobiaban a las clases modestas.

La represión del movimiento de Santiago no atemorizó a los sectores populares, y nuevas huelgas estallan en Valparaíso, Pisagua, Coquimbo, Punta Arenas.

En Antofagasta, el 1 de febrero de 1906, los operarios del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia presentan a su administra­dor una solicitud, pidiendo hora y media para almorzar, pues con una hora no alcanzaban a llegar a tiempo, motivo por el cual los multaban y castigaban abusivamente. Es rechazada, y dos días después se declaran en huelga; se les unen los obreros do la Compañía de Salitres (quienes solicitan un 20% de aumento de salarios); pronto solidariza la Mancomunal y se paran los portuarios y fábricas. Llega el crucero "Blanco Encalada", desembarca tropas con ametralladoras; se forman guardias de oí den. El martes 6 de febrero se lleva a efecto un mitin en la plaza Colón. La guardia de orden y la tropa disparan: quedan 48 muertos. El pueblo desesperado quema agencias, diarios, al­macenes. La represión total dejó más de 100 muertos. Fue aprehendido Recabarren, candidato a diputado; se clausuró "La Van­guardia" y se apresó a su personal y al del periódico "El Ma­rítimo". (No obstante, Recabarren fue elegido diputado.)

La ola de huelgas no se detiene: en Santiago (una gran huelga ferroviaria que duró mes y medio, a raíz de su exigencia de (junio el pago de los salarios se hiciera en moneda de 16 d.); en Concepción (junio de 1906), Valdivia, Coronel...

El 1 de mayo de 1906 adquirió grandes proporciones. En Santiago desfilaron más de 10.000 obreros. En el comicio el orador principal fue Luis E. Recabarren. Asimismo fue grandioso en Valparaíso, bajo la dirección de la Confederación Mancomunal de Trabajadores de Chile.

En 1907 las huelgas prosiguen a lo largo del país, y la celebración del 19 de mayo sirvió para exteriorizar una vez más el fervor de las clases laboriosas. En Santiago se paralizaron todas las faenas, y en el desfile participaron más de 30.000 personas, terminando en un gran mitin en el Parque Cousiño. El acto fue dirigido por la recién fundada Mancomunal y la Federación de Trabajadores de Chile. Alcanzó grandes caracteres esta celebración en Iquique, Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia...

Pero más tarde, el 27 de mayo, estalló una huelga en la Maestranza de los FF. CC. del Estado, en Santiago, siendo apoyada por las demás maestranzas del país, haciéndose total. Duró hasta el 10 de junio. Diversos gremios solidarizaron y plantearon sus propias reivindicaciones.

En diciembre de 1907 se produjeron numerosas huelgas en el norte. El 13 paralizó la Oficina de San Lorenzo, y pronto se propagó a las diversas zonas de la Pampa. Los obreros abando­nan los campamentos, y en columnas ordenadas bajan a Iquique. Los obreros de Iquique también se paran. Se reúnen más de 20.000 trabajadores en la Escuela Santa María. Eligen su co­mando y redactan su pliego de peticiones; aseguran el normal abastecimiento de alimentos y el problema de la habitación, e impiden que se altere la tranquilidad. Estos hechos son, incluso, reconocidos por la prensa de derecha. El Comité de Huelga lo preside el obrero-mecánico José Briggs (presidente de la Socie­dad de Socorros Mutuos Unión Pampina) y vicepresidente es Luis Olea, destacado dirigente anarquista, y lo integran repre­sentantes de las diversas oficinas del Cantón.

Las aspiraciones de los obreros quedan condensadas en un petitorio digno de conocerse:
"Reunidos en Comité los represen­tantes de las Oficinas participantes, plantean el siguiente acuer­do:
1) Aceptar que, mientras se supriman las fichas y se emita dinero sencillo, cada oficina, representada y suscrita por su ge­rente respectivo, reciba las fichas de otra oficina y de ella misma a la par, pagando una multa de cinco mil pesos, siempre que se niegue a recibir las fichas a la par.
2) Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de dieciocho peniques (18 d).
3) Li­bertad de comercio en las Oficinas en forma amplia y absoluta.
4) Cerramiento general con reja de hierro de todos los cachuchos y achulladores de las Oficinas Salitreras, so pena de cinco a diez mil pesos de indemnización a cada obrero que se malogre a con­secuencia de no haberse cumplido esta obligación.
5) En cada Oficina habrá una balanza y una vara al lado afuera de la pul­pería y tienda para confrontar pesos y medidas.
6) Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siem­pre que algunos de ellos lo pidan para tal objeto.
7) Que el ad­ministrador no pueda arrojar a la rampla el caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos.
8) Que el adminis­trador ni ningún empleado de la Oficina pueden despedir a los obreros que han tomado parte en el presente movimiento, ni a los jefes sin un desahucio de dos o tres meses, o una indemni­zación en cambio de trescientos o quinientos pesos.
9) Que en el futuro sea obligatorio para obreros y patrones un desahucio de quince días cuando se ponga término al trabajo.
10) Este acuerdo, una vez aceptado, se reducirá a escritura pública y será firmado por los patrones y por los representantes que designen los obreros.
Iquique, 16 de diciembre de 1907. Briggs y demás, delegados de las Oficinas".

Al Comité Pampino se agregaron los representantes de los gremios de Iquique. Se mantiene el más perfecto orden y, prác­ticamente, asume la dirección de la ciudad. El 15 llegó el inten­dente Carlos Eastman, con gran séquito militar (regimientos, barcos de guerra, marinería con ametralladoras). Los salitreros no quisieron ceder ante la presión de los obreros, porque ello significaba una imposición que anularía "el prestigio moral que siempre debe tener el patrón sobre el trabajador", para el man­tenimiento del orden en las faenas. La autoridad capituló ante los salitreros y empezó a reprimir con las armas a los obreros. El 21 de diciembre, Roberto Silva Renard ordenó una espantosa masacre. La defendió en las siguientes frases: "Había que de­rramar la sangre de algunos amotinados o la ciudad entregada a la magnanimidad de los facciosos que colocaban sus intereses, sus jornales, sobre los grandes intereses de la patria... Ante el dilema, las fuerzas de la nación no vacilaron". (Informe del ge­neral R. Silva R. al Gobierno, publicado en "El Ferrocarril", de 15 de febrero de 1908.) Más de 2.000 muertos, entre ellos el di­rigente Luis Olea y varios obreros bolivianos, peruanos y argen­tinos, quedaron en las calles de acceso a la Escuela Santa Ma­ría. Rendidos los obreros fueron trasladados al Club de Sport, donde la masacre continuó; luego fueron embarcados en trenes al interior, con nuevos muertos, ante las numerosas negativas de volver al infierno blanco.

El Gobierno aprobó la actitud de Eastman y Silva Renard, clausuró "El Pueblo Obrero", de Iquique; empasteló "La Refor­ma" y "La Época", de Santiago.

La masacre silenció la Pampa y significó un retroceso mo­mentáneo del movimiento obrero; pero pronto se desataron nuevas huelgas a lo largo del país y prosigue la tenaz lucha del pro­letariado por su emancipación.

Origen De La Custión Social

La cuestión social en el origen de la Doctrina Social de la Iglesia

En los tres primeros siglos la Iglesia vivió los problemas sociales desde los criterios que emanaban del Evangelio. Su justicia iba más allá del orden jurídico o racional de latinos o griegos. Vivían en la comunión y no precisaban de un ordenamiento jurídico. Por ello, no gozaban de una teoría sistemática sobre los problemas sociales. Así se anduvo hasta el siglo XIX. Pero el hecho de que no existiera una teoría metódica sobre la sociedad no significa que la Iglesia se haya visto privada de esa enseñanza social durante diecinueve siglos. El testimonio social de muchos cristianos a lo largo de la historia, los discursos y las enseñanzas de los Santos Padres y del Magisterio atestiguan la existencia de un mensaje social implícito y explícito, en el Magisterio y, sobre todo, en la vida eclesial y comunitaria.



Pero se considera de manera expresa como origen de la Doctrina Social de la Iglesia la denominada cuestión social, nacida y desarrollada a lo largo del siglo XIX. Podemos entender por cuestión social «aquel problema suscitado en un tiempo concreto por la injusta situación de un grupo humano junto con el esfuerzo o lucha por cambiar las condiciones sociales y ordenarlas de acuerdo con el bien común que se considera justo y posible» (1). La sociedad existe para la persona, y su finalidad es que el ser humano consiga el desarrollo, bienestar, calidad de vida y perfección de sus cualidades. El orden social será bueno en la medida que consiga ese fin en cada circunstancia histórica. La respuesta a la cuestión social por parte de la Iglesia se inaugura de manera solemne con la aparición de la Encíclica de León XIII Rerum novarum. Sin embargo, en sus orígenes están las respuestas que se van dando ante el capitalismo y el colectivismo. En esta línea antecesora ha de considerarse la obra de dos pensadores cristianos: el Obispo de Maguncia KETTELER y el sacerdote español BALMES.

La cuestión social empezó a inquietar en el área europea, pero pronto ha ido comprendiendo todos los problemas del mundo y adquiriendo, en consecuencia, dimensión de universalidad. No obstante, esa universalización no excluye la localización de los problemas, aunque tal localización debe contemplarse en una interrelación de los mismos. En diez enunciados podría sintetizarse estos problemas universales localizados:

a) El peso intolerable de la miseria, en niños, ancianos, etc.

b) El abismos entre el Norte y el Sur, aunque la pobreza también afecta a las sociedades desarrolladas.

c) Velocidad diversa de aceleración en el desarrollo económico, cultural, moral y demográfico de los países pobres y ricos.

d) La unidad del género humano está comprometida.

e) Existen mil formas de pobreza: analfabetismo, vivienda, desempleo, subempleo.

f) Incapacidad de participación en la construcción del propio país.

g) Formas diversas de explotación y de opresión económica, social, política e incluso religiosa.

h) La discriminación racial, de religión o sexo.

i) La represión del derecho de iniciativa económica como origen de la pasividad creadora, del sometimiento a la burocracia o al poder político subvencionador y la consecuente alineación del individuo.

j) El miedo a la naturaleza

La Cuestión Social

La cuestión social en Chile (1880-1920)
Pensamientos y debates
Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. No obstante, ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son, un contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano; una clase dirigente ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular; y, finalmente, una clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas.

Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes.

La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico, que a partir de la Encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. En síntesis, más acción social y menos caridad.

En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores.

Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a la clase trabajadora. Para este sector, los problemas sociales fueron consecuencia de la propia existencia del Estado liberal y del sistema capitalista; y declararon que su solución no pasó por la acción caritativa de la clase dirigente ni por las medidas de corte proteccionista que reclamaron algunos liberales, sino que radicó en la acción y el poder autónomo de los propios trabajadores.

A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente necesidad de otorgar pronta solución a los problemas derivados de la cuestión social, que hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante cuestión política, traspasando las fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del Congreso Nacional.